Por Roberto Bissio

Educación en un Mundo en Crisis: Límites y Posibilidades frente a RIO + 20

GT Educación

El derecho a un futuro

Una visión general del Informe Social Watch 2012

Roberto Bissio

FOTO: Claudia Pioli - Curso IALLA VI Montevideo 2010

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha encomendado una conferencia cumbre que se celebrará en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, la ciudad que acogió hace veinte años la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Conocida popularmente como la Cumbre de la Tierra, la conferencia de Río de 1992 respaldó la noción de desarrollo sostenible y aprobó las convenciones internacionales sobre el cambio climático, la desertificación y la biodiversidad.

La Comisión Brundtland(*) definió en aquel momento el “desarrollo sostenible” como un conjunto de políticas que “satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Ha sido entendido comúnmente como determinante de los requisitos de la esfera social (mediante la erradicación de la pobreza), permitiendo al mismo tiempo que la economía crezca y respetando el medioambiente.

La cumbre de Río de 1992 no brindó una definición de qué son exactamente las “necesidades del presente”, pero en la serie de conferencias de la ONU de los años noventa se definió una serie de compromisos sociales, entre los cuales están el de erradicar la pobreza y lograr la igualdad de género, y se identificaron varios indicadores y objetivos. Cada país debería decidir sobre las políticas para poder lograr estos objetivos y metas acordados universalmente. Sin embargo, tras el colapso del Pacto de Varsovia y la desintegración de la Unión Soviética, pareció haber un consenso generalizado de que el camino a seguir eran el libre comercio y la liberalización económica.

De este modo, la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, anuncia en su página Web que "la apertura de los mercados nacionales al comercio internacional (...) alentará y contribuirá al desarrollo sostenible, aumentará el bienestar de las personas, reducirá la pobreza y fomentará la paz y la estabilidad". Del mismo modo, el primer artículo del Convenio Constitutivo del Banco Mundial, enmendado en 1989, establece como objetivo "promover el crecimiento equilibrado y de largo alcance del comercio internacional, así como el mantenimiento del equilibrio de las balanzas de pagos, alentando inversiones internacionales para fines de desarrollo de los recursos productivos de los miembros, ayudando así a aumentar la productividad, elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones de trabajo en sus territorios".

Estas dos poderosas organizaciones internacionales han dado forma a las políticas económicas de los países en desarrollo en las últimas dos décadas a través de sus resoluciones sobre el comercio o las condiciones impuestas a las economías endeudadas. Ambos están de acuerdo en afirmar claramente que el crecimiento comercial y económico son los objetivos clave de sus políticas y las contribuciones más importantes al desarrollo sostenible de sus países miembros.

Y han tenido éxito: el total de las exportaciones en el mundo se ha multiplicado casi por cinco en veinte años, pasando de un valor total de 781 mil millones de dólares americanos en 1990 a 3.7 billones de dólares en 2010. En el mismo período, el habitante promedio del mundo ha más que duplicado sus ingresos de 4.079 dólares americanos al año en 1990 a 9.116 dólares en 2010.

El déficit de la dignidad

Estos indicadores aluden a una abundancia de recursos más que suficientes para garantizar las necesidades esenciales de los siete mil millones de habitantes del mundo. Y sin embargo, muchos de ellos padecen hambre.

Para monitorear las privaciones, Social Watch ha desarrollado un Índice de Capacidades Básicas, que es un promedio de mortalidad infantil, nacimientos atendidos por personal especializado y educación primaria. Estos tres indicadores son muy básicos y deberían alcanzar el cien por ciento, es decir, que ningún niño debería no estar escolarizado, ninguna mujer debería dar a luz sin asistencia y ningún niño nacido vivo, o al menos, menos del uno por ciento de ellos, debería morir antes de cumplir cinco años, ya que la principal causa de estas muertes evitables es la desnutrición y la pobreza.

Todos los indicadores calculados en el BCI forman parte de los objetivos acordados a nivel internacional y reflejan lo que debe alcanzar un piso social mínimo. Por debajo de éste, hay un déficit de dignidad.

Pero el mundo está lejos de lograr estos objetivos básicos. El BCI sólo subió 7 puntos entre 1990 y 2010, lo cual es un avance muy pequeño. En realidad, este avance fue de más de cuatro puntos porcentuales entre 1990 y 2000 y de apenas tres puntos porcentuales entre 2000 y 2010. Esta es la tendencia opuesta de las líneas para el comercio y los ingresos, que crecieron más rápido después del año 2000 que en la década anterior. Es sorprendente que los indicadores sociales hayan avanzado más lentamente después del cambio de siglo, a pesar de los excelentes resultados de la economía y a pesar del compromiso internacional de acelerar el progreso social y lograr los ODM.

La razón obvia de esa divergencia de tendencias entre los indicadores económicos y sociales es el crecimiento desigual dentro de cada país y entre los países. Y los indicadores sociales sólo pueden empeorar, ya que el impacto de la crisis financiera global que comenzó en Wall Street en 2008 aún no está registrado en las estadísticas comparables a nivel internacional. Los números duros demuestran que la prosperidad no “gotea”. Solía ser de sentido común que una economía en crecimiento beneficiara a los pobres, que la marea creciente levantara todos los barcos, grandes o pequeños, o que el pastel tuviera que crecer primero antes de poder repartirlo, pero los indicadores de progreso social parecen mostrar lo contrario.

Crecimiento a cualquier costo

El crecimiento de la economía es una prioridad para todos los gobiernos. Algunos lo definen como un primer objetivo político porque ha sido muy lento o incluso se ha revertido durante la crisis financiera global que comenzó en 2008.

La desigualdad es la razón por la cual, contra toda teoría y modelo, la pobreza no está disminuyendo, o lo está haciendo de manera muy lenta, incluso en países donde la economía está creciendo rápidamente. Al dar a las empresas más derechos sin las obligaciones correspondientes, la globalización exacerbó las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas.

Tanto en los países ricos como en los pobres, sólo una pequeña minoría se benefició del excelente resultado económico mundial hasta la crisis financiera de 2008. Y luego, a los que no se beneficiaron de la bonanza se les pidió que pagaran para rescatar un sistema bancario en los países más ricos del mundo que se había vuelto "demasiado grande para fracasar".

El crecimiento económico requiere energía, y la energía está en el corazón de muchos de los problemas denunciados por las coaliciones de los países de Social Watch en este informe. La extracción de petróleo se identifica fácilmente con la contaminación, pero fuentes de energía supuestamente “más limpias”, tales como represas hidroeléctricas, aparecen como problemáticas en varios testimonios.

Los biocombustibles, a menudo etiquetados como "ecológicos", son una causa importante de perturbación del medioambiente en Colombia, donde el apoyo gubernamental al monocultivo agroindustrial (que proporciona los insumos para los biocombustibles) está causando el desplazamiento de poblaciones enteras de pequeños campesinos. Por si fuera poco, esto ni siquiera es el resultado de la demanda interna, sino de las necesidades de los Estados Unidos, subsidiado por préstamos de bancos multilaterales de desarrollo.

La desertificación aparece una y otra vez en los informes como un problema importante, especialmente en África.

El cambio climático también es la causa del desastre opuesto, catastróficas inundaciones que asolaron Centroamérica en 2011 y Benin en 2008 y 2010, donde los cultivos fueron destruidos y se registraron brotes de cólera, meningitis y fiebre amarilla.

Derechos en la base

Cuando los derechos civiles y políticos básicos no están presentes, la sociedad civil es incapaz de organizarse pacíficamente, la gente no puede hacer oír su voz y la calidad de las políticas se ve afectada. En Eritrea, “el infierno de África”, y en Birmania, se afirma claramente la necesidad de un gobierno democrático como requisito previo, del mismo modo que Palestina expresa que no hay desarrollo posible bajo la ocupación extranjera o que Yemen advierte dramáticamente que “poco se puede avanzar hacia el desarrollo sostenible porque el país está al borde de la guerra civil y enfrenta una hambruna generalizada y una catástrofe social”.

Sin embargo, la sociedad civil muestra una asombrosa capacidad de recuperación y despliega una gran creatividad en cuanto se le da la más mínima oportunidad. En Irak, las manifestaciones que sacudieron al país en febrero de 2011 exigiendo la eliminación de la pobreza, del desempleo y de la corrupción, ilustran el nuevo papel que están comenzando a desempeñar los ciudadanos iraquíes en una sociedad donde anteriormente la participación democrática era violentamente reprimida o silenciada por completo. Aunque aún en medio de un ambiente de inseguridad y libertades civiles muy deficientes, las organizaciones de la sociedad civil están creciendo y desempeñando un papel creciente en el desarrollo de la nación y se están uniendo a la insurgencia democrática de la "primavera árabe" de la región.

En Kenia, tras muchos años de lucha por una soberanía y una ciudadanía verdaderas, los ciudadanos finalmente lograron negociar una Constitución innovadora en 2010. Su enfoque en los derechos fundamentales, en la participación, la rendición de cuentas a los ciudadanos, brinda la base para definir el papel del Estado como elemento central para la construcción de una economía que cumpla con la promesa de equidad y derechos sociales y económicos fundamentales. En términos ambientales, la nueva Constitución también es un paso adelante, ya que establece el derecho de todos los kenianos a un medioambiente limpio y saludable.

En Bolivia y Ecuador, los procesos de reforma constitucional, respaldados también por grandes mayorías, han reforzado los derechos de los pueblos indígenas y, en lugar de utilizar las palabras "desarrollo sostenible" se inspiró en sus culturas para establecer, a nivel constitucional, los derechos de la Pachamama (Madre Tierra).

En Italia, aun cuando el desarrollo sostenible nunca formó parte de las prioridades del Gobierno de Berlusconi, cuatro exitosos referendos promovidos por la sociedad civil (contra la energía nuclear, la privatización forzada del agua y otros servicios públicos y en contra de la exoneración del Primer Ministro de la norma jurídica) llevaron a casi 27 millones de italianos a las urnas, y lograron empujar al país en la dirección correcta.

Las luchas ambientales, recuerda el informe de Bulgaria, fueron muy importantes en la lucha del país por la democracia. Ahora, tras años de creciente apatía, cada vez más personas se están involucrando en asuntos ambientales. La introducción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el mercado y varias fallas en la implementación del programa NATURA 2000 para la conservación de áreas naturales se han convertido en dos grandes temas en el debate político y la movilización de los ciudadanos.

Desarrollo sostenible: ¿metas o derechos?

Mediante el monitoreo de los esfuerzos de lucha contra la pobreza y las estrategias de desarrollo a nivel nacional e internacional, Social Watch ha encontrado que los indicadores económicos y los indicadores de bienestar social no están correlacionados. Por tanto, hay que revisar de forma urgente las estrategias económicas para alcanzar los objetivos acordados a nivel internacional y que el goce de los derechos humanos sea una realidad para todos.

En la Cumbre de la Tierra, los líderes del mundo afirmaron que "la principal causa del deterioro continuo del medioambiente mundial es el patrón insostenible de consumo y producción, particularmente en los países industrializados (...) lo que agrava la pobreza y los desequilibrios". Esto es tan cierto hoy como lo fue en 1992.

Ningún estado actuando solo puede proveer los bienes públicos del mundo, y esto incluye la preservación de las funciones que mantienen la vida en la atmósfera y los océanos (amenazados por el cambio climático global) o la confiabilidad y la estabilidad del sistema financiero global, indispensable para el comercio y el desarrollo, pero amenazado por la especulación libre de obstáculos, la volatilidad monetaria y la crisis de la deuda. El hecho de no suministrar esos bienes públicos afecta el sustento de miles de millones de personas en todo el mundo y pone en peligro el bien público que inspiró la creación de las Naciones Unidas: la paz mundial.

Además, a pesar de las recomendaciones formuladas por la Cumbre de la Tierra para desarrollar indicadores de desarrollo sostenible y todo el trabajo realizado en esta área desde entonces, la comunidad internacional aún carece de indicadores consensuados para medir la sostenibilidad de los bienes públicos mundiales bajo su vigilancia.

El informe de la comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi(**) sugiere claramente que los indicadores de bienestar y los indicadores de sostenibilidad tienen una naturaleza diferente, y los compara con el salpicadero de un automóvil, con diferentes indicadores para la velocidad y el combustible restante. Uno informa sobre el tiempo necesario para llegar a un destino, el otro tiene que ver con un recurso necesario que se está consumiendo y puede llegar a un límite antes de arribar a destino.

El marco de derechos humanos establece objetivos claros para los indicadores de bienestar. Los derechos a la alimentación, la salud, la educación, imponen el mandato de lograr la asistencia universal de todos los niños y las niñas a la educación, la reducción de la mortalidad infantil a menos del 10 por mil nacidos vivos (ya que la mortalidad por encima de esta cifra está relacionada con la desnutrición y la pobreza), la asistencia universal de todos los partos por personal especializado, el acceso universal al agua potable y el saneamiento, e incluso el acceso universal a los servicios telefónicos y de Internet.(***)

El ejercicio de esos derechos es una responsabilidad de los gobiernos “de forma individual y mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de recursos disponibles”, según el Pacto Internacional de DESC. La priorización de recursos también se aplica a la ayuda internacional. A fin de monitorear el uso efectivo de los máximos recursos disponibles (incluidos los de cooperación internacional), debe reforzarse el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. Además, el Protocolo Facultativo del Pacto de DESC debe ser ratificado para permitir a los ciudadanos reclamar sus derechos ante los tribunales, y las agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo tienen que hacerse responsables de sus efectos en los derechos humanos.

Por otra parte, los indicadores de sostenibilidad se refieren al agotamiento de determinadas reservas o bienes no renovables. Cuando éstos forman parte del patrimonio común mundial, los acuerdos internacionales están obligados a garantizar la sostenibilidad. Al contrario del bienestar humano, que puede formularse en términos de objetivos, la sostenibilidad debe abordarse en términos de límites. Los límites pueden formularse como una prohibición absoluta de ciertas actividades, como la prohibición de la caza de ballenas o en la emisión de gases que agotan el ozono (Protocolo de Montreal), o pueden establecer cuotas para asegurar el no agotamiento, que pueden asignarse a los actores económicos a través de los diferentes mecanismos de mercado y no de mercado, respetando la equidad y los principios de solidaridad.

Cualquier formulación de "objetivos de desarrollo sostenible" que no incluya objetivos de cambio climático adecuados o no aborde aspectos de los derechos humanos y aspectos de la sostenibilidad al mismo tiempo y de una manera equilibrada, corre el riesgo de desbaratar la agenda integral de desarrollo sostenible sin ningún beneficio compensatorio.

En lugar de fijar de nuevas metas, lo que se necesita es un sistema de monitoreo y rendición de cuentas que pueda hacer realmente que todos los gobiernos, los del Norte y los del Sur, queden sujetos a revisión por sus obligaciones domésticas y, al mismo tiempo, creen un derecho de apoyo cuando esas obligaciones internas se cumplan pero los recursos disponibles aún no sean suficientes.

Al no cumplir con su responsabilidad de crear un sistema financiero global sostenible, los países más poderosos tampoco están permitiendo a los gobiernos de los países pobres utilizar sus recursos disponibles adecuadamente.

Deben establecerse nuevos derechos y mecanismos institucionales en relación con la sostenibilidad.

Este “derecho a un futuro” es la tarea más urgente del presente Se trata de la naturaleza, sí, pero también se trata de nuestros nietos y de nuestra propia dignidad, de las expectativas de 99 por ciento de los siete mil millones de hombres y mujeres, niñas y niños del mundo a quienes se les prometió la sostenibilidad hace dos décadas y en su lugar han encontrado que sus esperanzas y aspiraciones se funden en fichas de apuestas de un casino financiero global que está más allá de su control.

Los ciudadanos de todo el mundo están exigiendo un cambio, y este informe es solo una forma adicional de hacer oír su voz. El mensaje no podría ser más claro: las personas tienen derecho a un futuro y el futuro comienza ahora.

(*) Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida por su Presidente, el ex primer ministro noruego Gro Harlem Brundtland. Publicó el informe titulado Nuestro futuro común que inspiró las deliberaciones de la Cumbre de la Tierra.

(**) El informe está disponible en http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/

(***) Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.